INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016    Ayuda

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Análisis Situacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

México tiene la responsabilidad de lograr progresivamente la plena efectividad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Al ser Estado Parte de un número importante de tratados que reconocen estos derechos, ha asumido las obligaciones de respetarlos, protegerlos y garantizar su ejercicio.

A nivel internacional, si bien México fue de los primeros países en incorporar los derechos sociales en su Constitución Política, la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos imprimió una renovada importancia de éstos en la agenda nacional, al colocarlos en el centro de las actividades de cada autoridad e institución pública. No obstante los compromisos adquiridos en instrumentos internacionales y los avances jurídicos nacionales, las preocupaciones sobre la situación de los DESCA en el país son latentes.

Las observaciones de 2006 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) al Cuarto Informe presentado por México; así como el Informe de 2013 del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal comparten inquietudes sobre las condiciones laborales, la educación, las necesidades de vivienda, las tasas de mortalidad materna, el acceso a la seguridad social, la pobreza y el medio ambiente.

De acuerdo con el Quinto y Sexto Informes periódicos presentados por México al Comité DESC en julio de 2016, de 2010 a 2013 la proporción de población que trabaja en condiciones de informalidad ha representado entre el 60% y 59%, con la consecuente carencia de prestaciones laborales y seguridad social. Algunas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han puesto de manifiesto las condiciones adversas que enfrentan las personas desempleadas, ya que en México, al 2013, ninguna de ellas recibió asistencia social para cubrir sus necesidades básicas de vida.

De igual manera, el sector educativo continúa enfrentando retos particulares. La falta de recursos económicos obliga a las y los estudiantes a abandonar la escuela para buscar fuentes de ingresos, lo que aunado a la falta de apoyo de las y los tutores y del profesorado, figuran entre las causas de deserción de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF). En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reporta que durante el ciclo escolar 2013 – 2014, el 0.6% de estudiantes matriculados abandonó la primaria, el 4.7% la secundaria, el 13.1% la educación media superior y el 7.1% la licenciatura.

En cuanto a la situación actual de la vivienda en México, el panorama no es diferente. El Comité DESC en su Observación General No. 4 señala que una vivienda se considerada adecuada, si está dotada de ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, como el acceso al agua potable, a energía eléctrica para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, a servicios de drenaje, entre otros.

Sin embargo, al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que pese a que casi la mayoría de las viviendas en el país cubren esas características, no se trata de la totalidad: al 2010, el 88.7% de ellas contaba con agua, el 98.2% con electricidad y el 89.1% con drenaje. Además, el 31.9% de las personas no gozan de servicios de buena calidad en sus viviendas.

Por lo que hace al derecho a la salud, un dato desafortunado es el hecho de que al 2014, 21.8 millones de personas en el país carecían de acceso a servicios de salud, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud, al 2012, poco más de un tercio de la población carecía de acceso a medicamentos.

Aunado a lo anterior, la situación del medio ambiente también merece atención. Es bien sabido que México alberga gran riqueza biológica, traducida en una importante variedad de especies de plantas, animales y ecosistemas, pero que, al mismo tiempo, es un país que enfrenta presiones significativas de urbanización, expansión agropecuaria, aprovechamiento minero y desarrollo de infraestructura, por mencionar algunos. Es el único de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que los bosques siguen reduciéndose. Aunado a ello, existen más de 2000 especies listadas en alguna categoría de riesgo, entre las cuales, los reptiles y las aves son los grupos de mayor preocupación.

Las zonas urbanas tampoco escapan de la problemática ambiental, pues las cifras sobre la calidad del aire son inquietantes. En el caso de la zona conurbada de la Ciudad de México, según el más reciente Informe Anual sobre la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de esta Entidad Federativa, correspondiente al 2014, durante todo ese año las concentraciones de ozono superaron los límites permisibles de la norma, así como también las partículas suspendidas totales y partículas menores a 10 µm (micras).

Asimismo, la pobreza presenta una grave limitante para los DESCA en México. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 64/214 aprobada el 21 de diciembre de 2010, reafirmó que la extrema pobreza vulnera la dignidad humana y que como tal, es un impedimento para el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos. Hoy por hoy en nuestro país viven, según las cifras más actuales del CONEVAL (2014), 11.4 millones de personas en pobreza extrema quienes sufren más de tres carencias sociales, es decir, no tienen acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o a la alimentación.

Si a ello se añaden los 43.9 millones de personas en situación de pobreza moderada, tenemos que casi la mitad de la población en México no tiene un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y vivir con dignidad.

Antecedentes y Objetivos Principales en Materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

La situación de los DESCA en México motivó a la CNDH a crear en 2012, la Sexta Visitaduría General, con el objetivo de atender las quejas relacionadas con posible vulneraciones a los derechos humanos de tipo económico, social, cultural  y  ambiental; asimismo, la actividad de esta Visitaduría busca contribuir a la consolidación de una cultura preventiva y de respeto a estos derechos, a través del impulso de actividades de promoción.

Es por ello que, para la realización de su objetivo, la Comisión Nacional  lleva a cabo actividades de vinculación con autoridades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, entre otros actores relevantes para la difusión y promoción de los derechos. En este ámbito, destaca la elaboración de materiales de concientización, mediante los cuales se ofrece a la población información sobre la importancia de dichos derechos, a fin de producir su sensibilización en la materia y promover el ejercicio de los DESCA.

Vinculación en Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

En lo que respecta a la vinculación, en 2016 se llevaron a cabo 17 reuniones de trabajo tanto con autoridades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas relacionadas con el disfrute de los DESCA. Entre ellas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Colegio de San Luis A. C., el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Iniciativa de Acceso México y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Dichas reuniones derivaron en la participación y organización de talleres, congresos y cursos dirigidos a promover los DESCA.

Cabe destacar que el 20 de junio se celebró la firma de un convenio específico de colaboración entre la CNDH y el PUED, a través de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Esto con el propósito de llevar a cabo un estudio sobre el gasto público en México y el cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, durante el último bimestre de 2016, la Comisión Nacional celebró otros tres convenios de colaboración con la UNAM, a fin de promover el análisis de algunas problemáticas y su vínculo con los derechos humanos: se suscribieron dos convenios con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC); el primero, con el propósito de realizar un estudio sobre el vínculo entre el actual fenómeno de la urbanización en México; y el segundo, con el objetivo de analizar las estrategias de protección civil, en relación con los derechos humanos, particularmente los DESCA. Finalmente, se firmó un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de esa Máxima Casa de Estudios, a efecto de llevar a cabo una investigación sobre las implicaciones de la corrupción sobre el pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

Por otra parte, en el mes de octubre se concertó con la organización INCIDE Social A.C., la realización de un proyecto de seguimiento sobre la situación que guardan los DESCA a nivel nacional y estatal, el derecho internacional y sus mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, y las prácticas administrativas, de modo que desde el ámbito de la actividad de los organismos de garantía, se pueda contar con estándares,  indicadores e información que favorezca las acciones de defensa y protección de los derechos humanos; particularmente de los derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, al medio ambiente sano, al agua, al saneamiento, a la vivienda digna, a la seguridad social y a la cultura.

Promoción en Materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

En lo que hace a la promoción de los DESCA, durante 2016, la CNDH organizó 9 eventos en beneficio de 2,202 personas. De estas actividades, destacan las que se enuncian a continuación.

La Comisión Nacional, en conjunto con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, llevó a cabo cuatro Foros Regionales sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos, en las zonas norte, oeste, este y sur del país; mismos que convocaron la participación de todos los organismos protectores de derechos humanos de las respectivas entidades federativas, personas servidoras públicas, sociedad civil e instituciones académicas. Los eventos propiciaron diálogos sobre el abastecimiento de los servicios públicos desde la óptica de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos con el propósito de incidir en mejores prácticas que deriven en una provisión apegada a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El primero de estos foros se realizó el 17 y 18 de en marzo en Mexicali, Baja California, co-organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. El segundo, el 23 y 24 de junio en Guadalajara, Jalisco, con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; el tercero, el 13 y 14 de octubre en la Ciudad de México, con la colaboración de la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM; y, el cuarto, el 8 de diciembre en Cancún, Quintana Roo, organizado en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo.

 Asimismo, durante mayo se llevó a cabo el "Taller sobre Derechos Humanos y Calidad del Aire. Análisis y diálogo sobre los instrumentos de política pública para garantizar la buena calidad del aire en México", una actividad de capacitación presencial organizada en conjunto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Este evento reunió a representantes de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, la academia y de organizaciones de la sociedad civil, a fin de abordar los retos y perspectivas de política pública, justiciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos vinculadas a la calidad del aire.

Durante junio se realizaron: el "Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra", con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil; y el conversatorio "La dimensión ética y social de los derechos humanos, ¿cómo construir un futuro más justo y equitativo?" en el que participaron conferencistas internacionales, entre ellos Vandana Shiva (India) y Saamdu Chetri (Bután).

El 22 y 23 de septiembre, se llevó a cabo el Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos, el cual fue organizado en conjunto con el PUED de la UNAM. Éste tuvo como propósito reunir las voces de personas destacadas en la investigación, personal experto de organismos internacionales y funcionarios públicos, a fin de compartir sus experiencias y puntos de vista en el tema de la implementación transversal de los derechos humanos en los procesos de planeación, programación y fiscalización de los recursos públicos.

La realización del Seminario derivó de uno de los compromisos suscritos por la CNDH y la UNAM, a través del Convenio de Colaboración que firmaron en junio para elaborar un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal.

Aunado a los eventos nacionales, la CNDH presenció dos encuentros internacionales en materia de DESCA. Del 17 al 20 de octubre, participó en diversas reuniones de trabajo en el marco de la Conferencia Mundial Hábitat III, celebrada en Quito, Ecuador. El encuentro reunió a las Defensorías del Pueblo de Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Portugal. En esa ocasión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó su compromiso de promover acciones globales hacia el desarrollo urbano sostenible donde el goce y disfrute de los derechos humanos sean una realidad; especialmente, en favor del bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes; las personas con discapacidad; las mujeres, los migrantes, las poblaciones desplazadas y los adultos mayores.

Asimismo, a principios de noviembre de 2016, la CNDH participó en el encuentro: “El rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático”, en Marrakech, Marruecos, realizado en el marco de la de la 22ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22). En esa oportunidad, las instituciones derechos humanos de más de 20 países compartieron mejores prácticas para impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París, con estricto apego a los principios fundamentales de la dignidad humana. La CNDH enfatizó que la transversalidad abarca los aspectos de promoción y protección de los derechos humanos, y reiteró el estrecho vínculo entre la protección del medio ambiente, la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y las acciones frente al cambio climático.

La promoción de los DESCA también se ha suscitado a través de documentos orientadores para que las diversas autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, impulsen los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos. Es el caso de la “Recomendación General número 26 sobre la falta y/o actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos (Síntesis), emitida por la CNDH en abril, en la cual se ofrece un panorama sobre la naturaleza e importancia de las Áreas Naturales Protegidas, así como su relación con los derechos humanos. En este sentido, la Recomendación concluye que la omisión de formular y publicar los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, en los que se definan las actividades permitidas o prohibidas y su demarcación, genera una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que afecta múltiples derechos humanos, entre ellos a la protección y preservación del medio ambiente, y a la seguridad jurídica.

Con el propósito de coadyuvar al análisis y las acciones encaminadas al fortalecimiento progresivo del salario mínimo, en junio de 2016 la CNDH emitió el documento titulado “Salario mínimo y derechos humanos” que incluye diversas consideraciones, estándares jurídicos y conclusiones, sobre la función del salario mínimo desde la perspectiva de los derechos humanos. En el documento se señala que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos básicos. Esta suficiencia del salario mínimo, así como el acceso a prestaciones laborales complementarias, son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores, a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Difusión en Materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Durante 2016 se distribuyeron 450,000 ejemplares del folleto “Cambio climático y derechos humanos” y 420,000 de la cartilla denominada “¿Sabías que éstos también son tus derechos…? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. La distribución de estos materiales abarcó a los organismos de protección de derechos humanos en las Entidades Federativas; a las delegaciones federales de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Social y de Educación Pública, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a diversas autoridades estatales; a 32 universidades e instituciones de educación superior de todas las entidades federativas; a organizaciones de la sociedad civil; así como a comisiones legislativas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Lo anterior, con el propósito de brindar información para consolidar una cultura preventiva y de respeto a los DESCA.


 

Protección y Defensa en Materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

En los casos que configuran presuntas violaciones a los DESCA, la CNDH atiende quejas y de ser el caso, orienta, canaliza y remite a los afectados hacia las instancias donde pueden recibir atención.

En 2016 se registraron 1,167 expedientes de queja; y se concluyeron 481 por no existir materia, 372 durante el trámite respectivo, 261 por orientación, 20 por acumulación y 5 mediante conciliación.

Los hechos violatorios más frecuentemente señalados en los expedientes de queja fueron: obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; y omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho.

Con el propósito de evitar la reincidencia de presuntas violaciones a los derechos humanos, la CNDH ha llevado a cabo acciones de mejora continua a través de mecanismos de colaboración y comunicación directa con autoridades señaladas como responsables. Tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.